Hacienda deberá acudir a la empresa, y no al trabajador, para probar la realidad del desplazamiento y sus motivos.
No sólo los directivos, sino también miles de trabajadores reciben de manera habitual dietas por gastos de comidas, transporte o alojamiento, ya que sus obligaciones laborales les exigen realizar parte de sus tareas fuera de la oficina. Estos pagos, que no tributan por IRPF siempre y cuando se cumplan determinados requisitos, están en el punto de mira de la Agencia Tributaria, que desde hace un par de años, ha generalizado las inspecciones para comprobar que el gasto realmente se ha producido y que, además, está relacionado con la actividad laboral. Sin embargo, una sentencia del Tribunal Supremo del pasado 29 de enero obliga a Hacienda a cambiar su forma de proceder ante tales comprobaciones.
La nueva Ley contra el Fraude Fiscal iniciará su trámite parlamentario.
Comporta novedades relacionadas con las criptomonedas, la doble contabilidad en los negocios, la lista de morosos con el fisco, el pago en efectivo. En su momento, Hacienda estimó que estos cambios normativos iban a suponer ingresos adicionales para las arcas públicas de unos 828 millones de euros. Una cifra que la Autoridad Fiscal rebajó a menos de 350 millones. La nueva ley reproduce los ejes básicos del texto presentado a finales del 2018 y rebaja de 2.500 a 1.000 euros el límite general de los pagos en efectivo. Sin embargo, se mantiene en 2.500 euros para los pagos realizados por personas que no actúan como empresarios y profesionales. Quedarán prohibidas la producción y tenencia de software que permita manipular datos contables y gestión empresarial. Las empresas se arriesgan a multas de 150.000 euros. También obligan a que este tipo de programas cumpla con unos estándares de trazabilidad e inviolabilidad.
